Procedimientos de fraude a la Seguridad Social

Con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería General de la Seguridad Social del Estado Español, las empresas defraudadoras utilizan diferentes procedimientos. Entre estos métodos figura la creación sucesiva de sociedades mercantiles a las que se va transfiriendo la actividad que venía desarrollando la deudora, así como los elementos patrimoniales de aquella (Fuente de la información MEySS. Fuente de la imagen: pixabay).

En otras ocasiones, mediante el denominado "Grupo de Empresas" se constituye una empresa principal que ostenta el patrimonio junto a otras -descapitalizadas- que complementan la actividad de aquella, existiendo un ánimo defraudatorio ya que estas últimas empresas que figuran formalmente con personalidad jurídica independiente, en su actuación y actividades reales son una única empresa, utilizando fraudulentamente la normativa laboral (cesión irregular de mano de obra, contratas ficticias, facturaciones entre ellas mismas, etc.)

La creación de entramados empresariales en los que la actividad empresarial aparece en una u otra mercantil según convenga es otro de los sistemas empleados con este fin. Para ello se establecen unas empresas patrimoniales, que ostentan el patrimonio del grupo y son las titulares de los derechos de crédito de la actividad, pero no de las deudas generadas por otras empresas del grupo que carecen de cualquier tipo de patrimonio realizable, existiendo entre las mercantiles deudoras y las descapitalizadas, relaciones opacas.

Asimismo, las sucesivas transmisiones de la titularidad de los bienes que pasan de una razón social a otra o incluso a empresarios individuales, impidiendo o dificultando la localización y traba de los mismos, y en algunos casos, el traspaso de los bienes una vez requerido su embargo, son igualmente utilizados para defraudar. También los son la ocultación de bienes a los Organismos competentes de la Tesorería General de la Seguridad Social, con la finalidad de eludir el pago de la deuda generada, y el entorpecimiento de la labor recaudatoria de los mencionados Organismos de la TGSS.

Animar a denunciar el blanqueo de capitales

El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha analizado el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, consecuencia de la IV Directiva Europea sobre blanqueo y también tiene en cuenta la V Directiva, que se publicará a lo largo del primer semestre del año. Entre las novedades que incorpora el texto, figura la ampliación de los colectivos afectados por la ley, a los que se añaden quienes intermedien en alquileres con una renta mensual superior a los 10.000 euros y las plataformas de financiación participativa ('crowdfunding').

La norma impulsa los mecanismos para animar a que los particulares denuncien los casos de blanqueo, refuerza los controles para las personas con responsabilidad pública, crea un registro de prestadores de servicios a sociedades, amplía el contenido del Fichero de Titularidades Financieras y refuerza los sistemas de cooperación entre los supervisores europeos. Además, establece un régimen sancionador más duro por incumplimiento de la normativa de prevención, de manera que las multas máximas pasan del 5% del patrimonio neto de la entidad al 10% del volumen de negocio consolidado del grupo. Fuente de la imagen: pixabay.