Fraude digital y falsificación medios de pagos

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El Consejo de Ministros del Gobierno de España (GE) ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la transposición de directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y abuso de mercado; así como la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. El objetivo de estas modificaciones es cumplir con los compromisos normativos adquiridos con la UE, adaptar la regulación a las nuevas formas de delincuencia y contribuir a la armonización de los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados de la UE.

El proyecto de ley transpone al ordenamiento jurídico español tres directivas comunitarias. La primera es la Directiva (UE) 2019/713 sobre lucha contra el fraude y falsificación de medios de pago distintos del efectivo. Esta directiva tiene como objetivo luchar contra el crimen organizado y la ciberdelincuencia, especialmente la que se refiere al fraude digital, y sancionar el uso fraudulento de nuevos medios de pago, en concreto, aquellos que tienen carácter digital, cuyo uso se ha ido generalizando con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Entre los nuevos medios de pago se incluyen el uso de las aplicaciones de pago a través del teléfono móvil o el uso de las monedas virtuales.

Estos nuevos medios de pago ofrecen nuevas oportunidades para el fraude, lo que obliga a actualizar la regulación de algunos delitos, concretamente los que están relacionados con la estafa y las falsificaciones. La transposición de esta directiva se adecúa de una manera más definida y concisa que las recogidas anteriormente en el Código Penal, contemplando descripciones mucho más detalladas y completas de las conductas tipificadas, así como las sanciones que corresponden a cada una de ellas. En segundo lugar, se perfecciona la transposición ya efectuada de la Directiva 2014/57 (UE), que tiene el objetivo de luchar contra la corrupción económica, especialmente contra las prácticas contrarias a la competencia.

Entre otras conductas, esta directiva castiga el abuso de mercado que se produce mediante el uso de información privilegiada, lo que se conoce como insider trading, una práctica que atenta contra la transparencia y la seguridad de los mercados financieros. Por último, la tercera transposición es la de la Directiva (UE) 2019/884, por la que se modifica la decisión marco en lo que respecta al intercambio de información de antecedentes penales de nacionales de terceros países y el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS)[1]. Con esta trasposición se avanza en la interoperabilidad de bases de datos con otros países de la UE[2] con el objetivo de promover y agilizar la cooperación jurídica entre los países en la lucha contra la delincuencia, al tiempo que se contribuye a la construcción de un espacio común de libertad, seguridad y justicia en el seno de la UE.

La Directiva (UE) 2019/884 dispone que en los certificados que se transmiten entre los países se incluya la imagen facial y dactiloscópica (huella dactilar), con el fin de favorecer la retransmisibilidad de condenas entre estados miembros de la UE, de acuerdo con el principio de reciprocidad con el fin de luchar de manera efectiva contra la delincuencia organizada y el terrorismo. El Ministerio de Justicia creará un registro de menores y llevará un registro central de sentencias, medidas cautelares, requisitorias y rebeldías dictadas o acordadas en todos los procesos tramitados con arreglo a la ley orgánica. El acceso a los datos de ese registro se ajustará a lo establecido en la normativa que regule el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia y el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Fuente de la información: GE. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.
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[1] La transposición también atiende a la conveniencia de incorporar de forma expresa algunos preceptos contenidos en el Reglamento (UE) 2019/816, del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, de 17 de abril de 2019, por el que se establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN) a fin de complementar el ECRIS.
[2] Particularmente en lo que se refiere a los registros de antecedentes penales.

Sanciones con motivo del conflicto de Ucrania

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(mvc, Málaga, España). Informa el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC), sobre la comunicación informativa a las personas y entidades obligadas a aplicar sanciones financieras internacionales impuestas por los Reglamentos de la Unión Europea (UE) con motivo del conflicto de Ucrania, publicándose en la página web del Tesoro Público[1] un comunicado público que comprende una relación de las disposiciones aprobadas por la UE en el marco de un paquete de sanciones financieras internacionales.

El documento contiene enlaces a la lista consolidada de sujetos y entidades sometidos a sanciones financieras internacionales de la UE y a las disposiciones UE de aplicación; así como, información sobre las principales obligaciones financieras de aplicación por el sector privado. También, incluye un apartado de orientaciones para la aplicación de sanciones financieras internacionales en el ámbito de la UE, desde nuevo régimen de sanciones hasta ampliación de sanciones económicas; y la normativa de aplicación, en cuanto al régimen de autorización de transferencias, congelaciones y bloqueos, y liberación de fondos.

Dentro de las obligaciones de aplicación por el sector privado[2], se encuentran las de Inmovilización de todos los fondos y recursos económicos que sean propiedad[3], imposibilidad de poner fondos o recursos económicos, directa ni indirectamente, a disposición ni en beneficio de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que se incluyan en la lista del anexo; comunicar e informar a las autoridades competentes de las actuaciones anteriores, en este caso la Subdirección de Inspección y Control de Movimientos de Capitales[4]. Fuente de la información: SEPBLAC. Fuente de la imagen: Sammy-Sander en pixabay.
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[1] En el apartado de Sanciones Financieras.
[2] Derivadas de este paquete de sanciones financieras internacionales.
[3] Estén en poder o estén bajo el control de personas físicas y jurídicas recogidas en los anexos.
[4] A través del correo electrónico secretariaicmc@economia.gob.es y con el asunto “Congelaciones”.