Integridad al Mando: El Desafío del Poder

Fuente de la imagen: Lo extemporáneo y lo constructivo (M. Velasco, 2006)

M. Velasco, 2025. Se ha publicado el Informe Greco[1], elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, que presenta un análisis exhaustivo de la Quinta Ronda de Evaluación, que se centra en la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad en las funciones ejecutivas superiores de los gobiernos centrales y en las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Este estudio, un esfuerzo continuo del GRECO para apoyar a sus Estados miembros, busca mejorar la efectividad, transparencia y rendición de cuentas en estos sectores cruciales de la administración pública. La evaluación, lanzada en marzo de 2017, reconoce la importancia de prevenir la corrupción en los niveles más altos del gobierno, donde la integridad y la voluntad política son fundamentales para mantener o recuperar la confianza pública. Asimismo, subraya que las agencias de aplicación de la ley, pilares en la lucha contra el crimen, deben ser conscientes y abordar los riesgos específicos asociados a sus propias funciones para evitar el abuso de poder o el compromiso de su integridad. La metodología de GRECO para esta ronda implicó el uso de cuestionarios temáticos, visitas in situ realizadas por Equipos de Evaluación (GETs) con expertos, y la elaboración de informes con recomendaciones adaptadas a las realidades de cada país. Estos informes son luego discutidos y adoptados por el plenario de GRECO, un cuerpo decisorio que asegura la imparcialidad y coherencia con los estándares internacionales. Después de la adopción del informe de evaluación, los países tienen 18 meses para informar sobre las medidas tomadas para implementar las recomendaciones, y su progreso es evaluado en un procedimiento de cumplimiento separado. En cuanto a las personas con funciones ejecutivas superiores (PFE) en los gobiernos centrales, el informe destaca que su conducta tiene un impacto significativo en el funcionamiento de las instituciones que dirigen, por lo que deben mantener los más altos estándares de integridad y liderar con el ejemplo. 

El desafío inicial fue definir el alcance de las PFE, que pueden incluir jefes de estado, jefes de gobierno, ministros, viceministros, secretarios de estado, miembros de gabinetes ministeriales y asesores políticos. A menudo, las normas generales de integridad diseñadas para funcionarios públicos o la judicatura no se aplican de manera completa a estas posiciones políticas, lo que dejaba un vacío en la prevención de la corrupción. Las recomendaciones se centraron en la política anticorrupción e integridad, la transparencia y la supervisión de las actividades gubernamentales, la prohibición o restricción de ciertas actividades, las declaraciones de bienes e intereses, y los mecanismos de rendición de cuentas. Se hizo un fuerte énfasis en la necesidad de evaluaciones de riesgo exhaustivas y la adopción de documentos de política específicos para las PFE, así como en la revisión y consolidación de códigos de conducta detallados y prácticos. La transparencia en la interacción con los lobistas y la divulgación de dichos contactos fueron áreas clave para la mayoría de los países. Asimismo, la gestión de conflictos de interés, el fenómeno de las "puertas giratorias" (el movimiento de funcionarios de alto nivel al sector privado después de dejar el cargo) y la verificación sistemática de las declaraciones de bienes recibieron considerable atención. Por ejemplo, Croacia introdujo una obligación para los funcionarios públicos, incluidas las PFE, de revelar conflictos de interés ad hoc, y Francia implementó una verificación previa de la integridad de los miembros de los gabinetes ministeriales que trabajaron en el sector privado. Islandia adoptó un enfoque holístico para prevenir conflictos de interés, con una nueva ley que cubre a ministros, secretarios permanentes y asesores ministeriales. Respecto a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley (LEAs), la confianza pública es un indicador crucial de la gobernanza y la estabilidad social. Aunque las encuestas muestran una mejora general en la confianza, persisten preocupaciones sobre la percepción de corrupción dentro de estas agencias o la reticencia a denunciarla. 

Las recomendaciones para las LEAs se enfocaron en políticas anticorrupción basadas en el riesgo, el reclutamiento, la carrera y las condiciones de servicio, las obligaciones de denuncia y la protección de los denunciantes, y la prohibición o restricción de ciertas actividades. Se instó a la mayoría de los países a revisar o desarrollar códigos de conducta adaptados a los riesgos específicos de las fuerzas policiales, asegurando la formación regular orientada a la práctica y el establecimiento de canales confidenciales de asesoramiento. La realización de controles de integridad y verificación de antecedentes de los agentes de policía de forma regular, no solo durante el reclutamiento, fue otra recomendación importante. Por ejemplo, Alemania exige a todas las agencias federales identificar áreas vulnerables a la corrupción y realizar análisis de riesgo. El FBI en Estados Unidos cuenta con una política de contratación estricta y un modelo de verificación continua de integridad. Los Países Bajos implementaron un decreto que establece controles regulares de los agentes de policía basados en el riesgo. La cuestión de las "puertas giratorias" también fue relevante para las LEAs, con la recomendación de introducir mecanismos para prevenir y gestionar los conflictos de interés tras el cese del servicio. Serbia estableció una Comisión para el Registro de Regalos en el Ministerio del Interior, y Lituania aprobó una Política de Regalos para la Policía Lituana, estableciendo registros y publicando información. Al comparar el progreso de implementación entre ambos grupos, el informe observa tanto tendencias similares como divergentes. Por ejemplo, se hicieron muchas recomendaciones a ambos grupos sobre códigos de conducta, formación y asesoramiento confidencial, y restricciones post-empleo. Sin embargo, las PFE recibieron más recomendaciones en áreas como los conflictos de interés, las declaraciones financieras y el acceso a la información, debido a su poder de decisión centralizado y sus vínculos con intereses del sector privado. Las agencias de aplicación de la ley, por su parte, recibieron más recomendaciones en cuanto a controles de integridad y rotación, cruciales para su funcionamiento. 

El estado de cumplimiento general indica que los agentes de aplicación de la ley superan a las PFE en la implementación completa de las recomendaciones (35% frente a 22%), lo que sugiere una acción más decidida en el primer grupo. A finales de 2024, más de un tercio de las recomendaciones para las PFE (37%) seguían sin implementarse, mientras que para las LEAs este porcentaje era menor (28%). Las áreas más desafiantes para las PFE incluyen los controles de integridad, las restricciones post-empleo, la regulación de los lobistas y los mecanismos de revisión de las declaraciones de bienes. Para las LEAs, las áreas más desafiantes se relacionan con las declaraciones de bienes e ingresos, la política de rotación y movilidad, y los requisitos de reclutamiento y nombramiento. A pesar de los desafíos, se ha observado un progreso notable en algunas áreas para ambos grupos. Para las PFE, los avances se han visto en la gestión de conflictos de interés, una mejor regulación de los asesores políticos y el desarrollo de estrategias basadas en la evaluación de riesgos. Para las LEAs, los mayores progresos se han logrado en las prácticas de comunicación y divulgación proactiva de información, la asignación de recursos, la independencia operativa y la transparencia del patrocinio. En definitiva, la Quinta Ronda de Evaluación del GRECO subraya que una estrategia multifacética, que integre la transparencia, marcos legales robustos, una supervisión efectiva y una cultura de integridad, es esencial para prevenir e investigar la corrupción. El informe concluye que es imperativo que los grupos evaluados asuman la responsabilidad de implementar las recomendaciones en colaboración con todas las autoridades pertinentes, demostrando liderazgo en la lucha contra la corrupción y sirviendo de ejemplo para toda la sociedad. El GRECO continuará apoyando a sus Estados miembros en esta tarea vital, con la esperanza de que el pleno cumplimiento de sus recomendaciones conduzca a un futuro de gobernanza transparente, responsable y eficaz.

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[1] Report on Key Principles, Trends and Challenges of Fifth Evaluation Round in the field of Central Governments (Top Executive Functions) and Law Enforcement Agencies. To mark its 100th plenary meeting, GRECO published this study on its Fifth Evaluation Round, which covers top executive functions in central governments and law enforcement agencies. The study was officially presented at the plenary meeting side event 'Transitioning from the 5th to the 6th Evaluation Round & Engaging with NGOs', held in Strasbourg on 5 June 2025.