El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha analizado el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, consecuencia de la IV Directiva Europea sobre blanqueo y también tiene en cuenta la V Directiva, que se publicará a lo largo del primer semestre del año. Entre las novedades que incorpora el texto, figura la ampliación de los colectivos afectados por la ley, a los que se añaden quienes intermedien en alquileres con una renta mensual superior a los 10.000 euros y las plataformas de financiación participativa ('crowdfunding').
La norma impulsa los mecanismos para animar a que los particulares denuncien los casos de blanqueo, refuerza los controles para las personas con responsabilidad pública, crea un registro de prestadores de servicios a sociedades, amplía el contenido del Fichero de Titularidades Financieras y refuerza los sistemas de cooperación entre los supervisores europeos. Además, establece un régimen sancionador más duro por incumplimiento de la normativa de prevención, de manera que las multas máximas pasan del 5% del patrimonio neto de la entidad al 10% del volumen de negocio consolidado del grupo. Fuente de la imagen: pixabay.
