¿Qué es la disciplina administrativa?

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En el marco del Derecho Administrativo, la “coerción administrativa”, conocida también por “disciplina administrativa” se conceptualiza como el manojo de medidas más bien restrictivas que, llegado el caso, la Administración Pública española (AP) puede utilizar para sancionar las contravenciones o infracciones realizadas por la ciudadanía, el administrado o interesado, en el ejercicio de actividad personal, empresarial, institucional o profesional. La finalidad no es otra que desganar la práctica de conductas en contra del ordenamiento jurídico y constreñir las acciones ilícitas que finalmente se produzcan, favoreciendo de esta manera, así al sostenimiento de la legalidad.

En ese sentido, la coerción administrativa debe estar recogida de manera expresa en el ordenamiento jurídico, conociéndose como “potestad sancionadora”, especificando o tipificando las conductas infractoras y las sanciones que deben aplicarse. Igualmente, el catálogo de sanciones debe ser proporcionado a la gravedad de las infracciones, lo que se conoce como principio de proporcionalidad. Asimismo, el procedimiento sancionador debe ser público, avalando los derechos de los supuestos infractores. Finalmente, la resolución que recoja la sanción debe ser recurrible tanto en fase de procedimiento administrativo como, llegado el caso, ante la jurisdicción contencioso administrativa.